Por Aída García Naranjo Morales*

El 12 de abril de 2016, la OEA inicia la divulgación de los reportes sobre la observación electoral del último proceso, considerado “deficiente, pero legítimo”. “Lo destacable del informe de la Misión de la OEA es la parte referida al sistema de tachas, tipificado de “no garantista”. Arguye que al decidir en vísperas de las elecciones sí hubo o no democracia interna, el sistema transmite inseguridad jurídica a votantes y candidatos. Otro punto criticado fue el no reglamentado mecanismo de exclusión por dádivas, igualmente al borde de los comicios. Sin identificarlos, el informe aludió a los casos de Julio Guzmán y César Acuña que no fueron resueltos oportunamente. Recomendó, en fin, una reforma integral de las normas, “tal como lo han impulsado los organismos electorales y organizaciones de la sociedad civil”…

El informe va, pues, al fondo del asunto, y en cierto modo recoge términos del secretario general de la OEA. Luis Almagro, quien (abril 2016) después de recibir a Julio Guzmán en Washington escribió en su cuenta de Twitter que “el sistema de inhabilitación que aplica el JNE en el Perú no ofrece las garantías necesarias”. Almagro reclamó “restablecer derechos de participación política de todos y evitar elecciones semidemocráticas.

Finalmente, la OEA demanda una reforma electoral en el Perú y advierte que el actual proceso (se refiere al 2016), puede vulnerar derechos políticos de electores y candidatos.“Las lecciones del 10 de Abril nos han dejado duras lecciones con respecto a la falta de institucionalidad del sistema electoral”, editorializaba también La República (LR12/04/16/p2).

¿Es necesaria en el Perú una Reforma Electoral?

Desde nuestro punto de vista Sí. Pero se requiere de una reforma política integral hacia el Bicentenario de la República, la que debe incluir una necesaria reforma electoral. En relación a ello el congresista oficialista Gilmer Violeta señaló en El Comercio que “la reforma política tiene varios frentes que atender. Primero la Reforma Electoral y de Partidos Políticos. Luego, la reformadel Sistema Judicial, que incluye sobre todo al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Consejo Nacional de la Magistratura. En tercer término está la reforma del sistema parlamentario y, por último –y quizá la más compleja, importante y costosa- está también la reforma del Servicio Civil, a efectos de minimizar la burocracia y mejorar la eficiencia del servicio público del Estado. No obstante, no puede haber una verdadera reforma política sin la participación y compromiso del Poder Ejecutivo”.

Hoy el Perú (según puede verificarse en la página web del INEI),señala la existencia de 6 leyes orgánicas, 01 resolución legislativa, 11 leyes ordinarias, 10 reglamentos del JNE, 01 instructivo y tabla de recursos impugnativos y diversas disposiciones generales y presupuestarias que tienen relevancia en un proceso electoral. En resumen, en el Perú tenemos hoy 17 leyes y más de 14 reglamentos. Se requiere una normativa que supere las incoherencias y proliferación de normas de diferente rango y temática.

Ello demanda la urgencia de superar a través de una reforma integral, las contradicciones electorales, los vacíos, las deficiencias y amenazas al pleno ejercicio de derechos fundamentales de participación política que hemos identificado diferentes actores sociales, políticos y electorales, así como los sectores académicos e institucionales y diversas organizaciones de mujeres, entre ellas Mujeres por la Democracia, Manuela Ramos, CMP Flora Tristán y Calandria; de cara a regular la materia electoral, para superar la ampulosa dispersión de normas electorales y la afectación de derechos a través de “barreras de acceso” y la insuficiencia de políticas que cierren brechas de inequidad de género y que superen el enfoque centrado exclusivamente en las cuotas de género conquistada ya hace 20 años (1997-2017) y que hay muchos indicadores regresivos, mostrando niveles de agotamiento.

Tres son los Proyectos que ingresarán al debate en materia de reforma político electoral

(1)El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, presentado a fines de abril último (2) el proyecto de nuevo código electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presentado el 16 de abril del 2016 y (3) el informe del Sub Grupo de Trabajo de Reforma Electoral, de la Comisión Electoral del Congreso de la República, que presentó su informe preliminar el 13 de diciembre del 2016.

En diciembre del 2016, luego de presentado el Informe, Donayre solicitó una ampliación de 120 días que demandó trabajar de manera más intensa, que en la fase anterior (el grupo de trabajo fue instalado en agosto de 2016).

El martes 16 de mayo se presentó el informe, que fue recibido por la Comisión de Constitución en calidad de insumo para el debate. La actual legislatura se ha ampliado hasta el 30 de junio. Señala además que solo se debatirá el documento que su equipo presentará a la Comisión de Constitución, que preside su colega de la bancada de Fuerza Popular , Miguel Torres; más no así el del Ejecutivo.

El grupo de trabajo es parte de la Comisión de Constitución y es integrado por siete congresistas: las fujimoristas Patricia Donayre y Rosa Bartra, el frenteamplista Zacarías Lapa, el oficialista Gilmer Violeta, la apepecista Marisol Espinoza, el acciopopulista Yonhy Lescano y el aprista Javier Velásquez. Es presidido por Donayre y cuenta con un equipo de apoyo y consultivo. El informe presentado no ha tenido mayor difusión y, en opinión de Percy Medina, jefe de la misión IDEA Internacional, algunas de sus propuestas generan rechazo.

Lo importante es identificar cuáles son los objetivos de la reforma para que los temas sean coherentes. Sin objetivos claros una reforma puede derivar en normas contradictorias o contrarias a lo que debía impulsar. Es muy importante ponerse de acuerdo en los objetivos, por ejemplo, si queremos más partidos o no, si más transparencia o no. Señalamos que este es un punto sensible en tanto evaluamos se buscaría cerrar el espectro electoral, por lo que se debe apuntar a un Código Electoral y clarificar las reglas de juego.

En los tres proyectos hay similitudes y diferencias, sin embargo la reforma tiene ya enfrentados al Poder Ejecutivo y al Legislativo. El Ante proyecto del JNE busca unificar, actualizar y sistematizar la legislación existente; no aborda modificaciones de la reforma del sistema político que requiere una reforma constitucional. Los proyectos tanto del Ejecutivo como del JNE deberán pasar por el debate de la Comisión de Constitución y luego del pleno del Congreso. Período en que la ciudadanía debe hacer escuchar su voz, ya que la participación solo del Ejecutivo, el Legislativo y los órganos electorales resultan insuficientes sin la participación de la sociedad civil, las organizaciones políticas (aún las que están en curso de inscripción) y las organizaciones sociales postergadas por falta de voluntad política.

Una oportunidad para aprovechar ¡Ahora!

Para el experto en temas electorales, Fernando Tuesta “Nunca hemos estado tan cerca de una reforma electoral tan amplia”. Esta oportunidad hay que aprovecharla, pues difícilmente tendremos una igual”. Para el Premier Fernando Zavala “resulta indispensable que el Congreso discuta y apruebe la reforma electoral en esta Legislatura para poder llegar al año 2018”, con reglas claras. Esto es, ¡estamos ya contra el tiempo!

La iniciativa del JNE, en uso de sus facultades “busca optimizar el desarrollo de los comicios en consideración de que la actual legislación no contribuye a generar un clima de confianza y estabilidad” (comunicado del JNE/26/04/2017).

En sus 362 artículos se aportaría al perfeccionamiento de la justicia electoral, que redunde en comicios incuestionables y deja en manos del Congreso la oportunidad de plasmar los cambios urgentes de cara a las elecciones regionales y municipales, esperando en bien de la democracia sean aprobados en un plazo prudente.

Difícil tarea la que tenemos presente las ciudadanas/os entre manos enfrentar en el corto tiempo para el debate y resolver a favor de la ciudadanía y los partidos procesos garantistas de los derechos fundamentales, en particular los de participación política irrestricta. Solo el “soberano pueblo” puede excluir.

Hay diversidad de temas y propuestas de reforma

En la Reforma Política

Los temas a destacar son: bicameralidad, Cámara de Diputados (de 100 miembros) y Cámara de Senadores (de 30 miembros). Siendo el Perú un país subrepresentado a nivel del Poder Legislativo, no se ha tocado la modificación del número de congresistas. Este tema requiere de una reforma constitucional para modificar su número, el mismo que está señalado en la Constitución (130), al igual que la reelección o no de autoridades regionales y municipales (cuya no reelección recientemente había sido aprobada, sin embargo ello viene buscando modificarse). 

Eliminación del voto preferencial. Elevación de la valla electoral (aumentándola 2% por cada partido que participe en alianza y hay quienes plantearon 2.5%). 

En relación a las obligaciones para los partidos: elecciones primarias para los partidos (con doble voto preferencial), supervisión obligatoria de los organismos electorales. Cuota de género de 50% y alternancia (asunto consensuado en los tres proyectos, no así lo de la primera mitad desde el 2018). Sin embargo nada o casi nada se debate sobre los derechos de pueblos originarios indígenas y/o amazónicos. Presencia Regional (establecimiento de porcentajes obligatorios), y difusión de encuestas (hasta un día antes de los comicios electorales). En relación al voto voluntario (tema con poca acogida) o a la mantención del voto obligatorio, no se ha producido mayor debate.

Igualmente no observamos mayores avances en relación al voto de los peruanos en el exterior, quienes deberían estar representados por no menos de cuatro congresistas.

En relación a la Transparencia

Los candidatos deberán incluir en su hoja de vida información referida a su economía vía la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera). Se eleva el aporte máximo de personas naturales o jurídicas (200UIT/S/.810,000.00) y se prohibe los aportes anónimos, así como en relación a las actividades proselitistas, sólo deberá representar el 10% del costo de la campaña. El monto máximo en actividades proselitistas se establecen en 60UIT (S/.243,000,.00). Los aportes mayores a una UIT (4,050.00), serán bancarizados obligatoriamente. Se prohíben los aportes de gobiernos extranjeros y de personas jurídicas que tengan no más de 3 años en el país. El incumplimiento de estas obligaciones da lugar al retiro de la contienda. Será obligatorio reportar obligaciones sospechosas a la UIF para combatir el lavado de activos. Se publicarán los aportes económicos en la página web de los partidos políticos. Los medios de comunicación informarán sobre los contratos de publicidad (a los 7 días hábiles de celebrados). Se ha eliminado la penalidad de una multa equivalente a 100 UITs para quienes entreguen dádivas (en dinero o regalos).

En relación a la participación en las elecciones

No podrán presentarse personas condenadas por delitos graves (terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción, homicidio, secuestro, delitos contra la humanidad, violación de la libertad sexual, delitos dolosos contra el estado y la administración pública). Se exige que todos los partidos nacionales deban participar en todos los procesos electorales (de no hacerlo se cancelará el registro, igualmente si se retira el candidato presidencial en pleno proceso). Otros aspectos están relacionados con: la instalación de mesas electorales en las zonas rurales en forma obligatoria.

Finalmente, en relación a la propuesta del Poder Ejecutivo de reducir a 1% del padrón electoral (175,000) las firmas para la inscripción de un partido, tema en el que pondré mi atención particular. Mujeres por la Democracia (MUDE) planteó desde el mes de enero la eliminación de las firmas.

La reducción de firmas de 4% a 1% para la inscripción de un partido político

El objetivo para esta propuesta de reducción del porcentaje de firmas planteada por el Ejecutivo busca: “ampliar el acceso de los partidos políticos” (Premier Fernando Zavala, El Comercio 30/04/2017).

La congresista Donayre se ha expresado en contra de la reducción de firmas planteada por el Ejecutivo. El oficialista Gilmer Violeta ha propuesto la reducción de firmas proponiendo el 2% como máximo, ello ha recibido el respaldo de Yohny Lescano de AP. Sin embargo Marisol Espinoza de APP plantea que el porcentaje sea elevado a 5%. Verónika Mendoza ha planteado la eliminación de las firmas, señalando que la exigencia de 750 mil firmas busca excluir a nuevas fuerzas y evitar la renovación de la política.

En el caso de Donayre se señala además que, de aprobarse una reducción, ésta no será retroactiva, y añade que el actual porcentaje fue recomendado por el propio JNE y por eso decidió mantener el 4%.

Antecedentes

En cuatro décadas se ha pasado de solicitar 40,000 firmas a 733,716 firmas (Resolución 1042-2016) y adicionalmente se deberá pagar S/. 0.88 por la verificación de cada firma adicional (TUPA/JNE). Hasta las elecciones del 2006 el pago era de S/. 0.10 centavos de sol. Muchos partidos que no existen en la práctica y tienen inscripción generan un mercado ofreciendo su registro o franquicia electoral.

El costo de inscribir un partido se vuelve accesible sólo a aquellos con poder económico o se convierte en una vía para tener “partidos empeñados” por posteriores favores del erario público, convirtiéndose así en la primera puerta de acceso a la corrupción o al dinero ilícito. Esta exigencia que el Perú ya había superado en el 2001 no se produce en Colombia ni en Ecuador que exigen el 1.5% del Padrón. Chile 18,500 firmas (0.5% de los que votaron en la última elección). En Francia se requiere solo 500 firmas de los denominados “grandes electores” o “electores caalificaados” (autoridades, alcaldes, personalidades, funcionarios) para inscribir un partido.

El actual establecimiento de 4% de firma de adherentes, es una “barrera de acceso” al registro de partidos que impide el ingreso de nuevos partidos políticos y es contrario, por lo tanto, a la renovación de la política.

Las firmas falsificadas

El movimiento oficialista Perú 2000

La Jueza María Mere Espinoza, encargada del Trigésimo Séptimo Juzgado de Lima conoció la denuncia de la Fiscal Mirtha Trabuco contra todos los testigos que denunciaron la falsificación de firmas del Frente Perú 2000. Se supo que se incluyó al Regidor de Lima por Vamos Vecinos, Luis Navarrete Santillán y del Congresista Medelius (todos de las filas fujimoristas). El lugar donde funcionó la denominada fábrica de falsificación de firmas, según denunció Erika Martínez confirmando la denuncia de los hermanos Rodríguez, fue en un edificio cerca de la Notaría Medelius, en Bellavista, Callao, entre octubre y noviembre de 1999. Ese centro clandestino era dirigido por el ex jefe de la Oficina de Procesos Electorales (ONPE) de Arequipa, Rubén Calderón, regidor de Lima, Luis Navarrete, regidor de Los Olivos, Migdonio Bellota y empleados de la Notaría Medelius, entre otros personajes vinculados al gobierno de Alberto Fujimori Fujimori.

La OEA, en Junio del 2000, ante la falta de legitimidad del gobierno, consideró públicamente:

1º que el Perú vive una crisis política derivada de la carencia de instituciones en un estado de derecho…

2º El Gobierno pretende imponer los resultados de la elección aplicando para ello una estrategia de “hechos consumados”…

3º No es posible reconstruir la democracia sobre los cimientos de un gobierno ilegítimo.

4º La OEA nos envió una misión de Alto Nivel. El Canciller Canadiense Lloyd Axworthy y el Secretario General César Gaviria, trajeron (año 2000) el encargo de propiciar una salida a la crisis derivada del proceso electoral, en el marco del más amplio e impostergable proceso de democratización del país. El Canciller Axworthy señaló “de nada valdrían nuevas elecciones si son con la misma legislación, el mismo sistema electoral y el mismo control sobre la prensa, pues tendríamos los mismos resultados”.

En este contexto, y con la elección del gobierno de Valentín Paniagua, que da inicio al tránsito democrático, es que se establece el número de firmas equivalente al 1% y elecciones democráticas. Más temprano que tarde nos alzamos con la victoria, ya que la solución al problema de los peruanos, lo dimos los peruanos contra el tercer fujimorismo. Se abrió con resistencia civil activa, desobediencia ciudadana, una plataforma democrática y descentralista, el Acuerdo de Gobernabilidad y la Marcha de los 4 Suyos precedida por diferentes medidas de lucha.

MUDE presentó propuesta de eliminación de firmas

El colectivo Mujeres por la Democracia (MUDE) presentó el pasado 8 de febrero una propuesta de reforma electoral a Gerardo Távara, Secretario General de Transparencia; antes (enero 2016) lo había hecho con Percy Medina de IDEA Internacional, y con la congresista Indira Huilca, presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. La propuesta del MUDE consiste en eliminar las firmas como requisito para la inscripción de las agrupaciones políticas e incorpore la paridad y la alternancia como mecanismos para promover el acceso de las mujeres a la actividad política.

Diferentes voceras a nombre del MUDE recordamos que “la competencia política se ha restringido al aumentar al porcentaje de firmas para inscribir a un nuevo partido. Del 1% en el 2000 se elevó a 3% y recientemente al 4%, y ya no de los votos de la última elección, como lo fue entonces, sino del padrón electoral. El colectivo de Mujeres por la Democracia aseguró que con la obligación de contar con el respaldo de 733,716 mil firmas se ha institucionalizado la figura de los partidos que prácticamente “alquilan” su inscripción, aunque sean inexistentes en la práctica, limitando la participación de otras agrupaciones políticas”.

El proyecto de reforma electoral que promueve el Legislativo buscaría bloquear algunos partidos

El requisito de establecer un mínimo de 3 años entre la inscripción de un partido y las elecciones fue inicialmente planteado por el parlamentario aprista Mauricio Mulder, es una barrera de acceso “inaceptable”. De ser así, Enmanuel Macron no sería hoy Presidente de Francia, ya que su partido “En Marcha” se fundó el 6 de abril de 2016 (hoy denominado “República en Marcha”).

Resultan, por decir lo menos, “irrespetuosas” las palabras de Patricia Donayre, justamente Presidenta de la Sub Comisión de Reforma Electoral de la Comisión de Constitución del Congreso de la República que señala textualmente: “hay que apresurarse en la recolección de firmas entonces. Hay que tomar las disposiciones legales mucho más en serio en lugar de estar llorando” dijo Donayre al indicar que los nuevos partidos sólo tendrían hasta abril del 2018 para inscribirse. La fujimorista volvió a criticar la propuesta del Gobierno de reducir el requisito de firmas para la inscripción de nuevos partidos del 4% al 1% del padrón electoral. “Yo no flexibilizaría mecanismos, los pondría mucho más rigurosos”, comentó.

Los cuestionamientos a las propuestas de Patricia Donayre y la Sub Comisión provienen sobre todo de agrupaciones como el Partido Morado, que busca presentar como candidato a Julio Guzmán y de Nuevo Perú de Verónika Mendoza. “Evidentemente lo que busca es que no haya posibilidad de inscripción para los actores políticos que tuvieron una posibilidad electoral y que pusieron nerviosos al fujimorismo, que fueron Verónika Mendoza y Julio Guzmán” señaló la congresista Marisa Glave. La parlamentaria, también integrante de Nuevo Perú, consideró la propuesta del Poder Ejecutivo como “un poco más sensata”, pero de todas maneras consideró como alta la exigencia del 1% del padrón electoral. Es importante recordar que las encuestas sobre el voto para presidente el 2021 ubican a Guzmán y a Mendoza en el segundo y tercer lugar respectivamente.

Carlo Magno Salcedo, miembro del Comité político del Partido Morado, también consideró que el proyecto del Congreso busca cerrarles las puertas. “Pretenden que partidos que ahora tienen que superar una valla alta no lleguen a inscribirse, con lo que apuntan claramente a actores políticos que consideran riesgosos para sus intereses”. (El Comercio 02/05/2017).

Es una exigencia excesiva el requisito de 4% de firmas

Durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) ese requisito se elevó de 100 mil a 500 mil firmas, y como ya se señaló, es durante la transición democrática que el porcentaje quedó reducido al 1%, el mismo que se mantuvo hasta el 2012. Es en la etapa final del Congreso anterior que se elevó a 3% y en tiempo reciente pasó hasta el 4%.

El congresista Alberto Quintanilla, también de las filas del FA bloque Nuevo Perú, señala que esta valla estaría discriminando a las nuevas agrupaciones. Convirtiéndose el actual Congreso en juez y parte, promulgando normas que representarían la exclusión política de nuevos actores.

Por lo que podemos afirmar que la presidenta del Sub Grupo de Reforma Electoral ya dio por zanjado el debate ¿será que la mayoría aprofujimorista aprobará a rajatabla normas que representan barreras de acceso? Adelanta antidemocráticamente opinión recurriendo a la política de “hechos consumados” como en el año 2000. Para Tuesta “el requisito de las firmas no demuestra la existencia real de un partido”. Sin embargo, señalamos que sí impide su acceso. 

Se ha creado un mercado negro que hoy tienen que enfrentar los partidos que buscan la renovación de nuestro sistema de representación política. La ciudadanía debería participar activamente para que la reforma electoral permita la renovación de la política al servicio de la patria y no de los intereses económicos y la corrupción!!!

“Abrir la cancha” será el único mecanismo que dé paso a la renovación de la política de manera inclusiva y plural; y producir “una reconstrucción del Perú con cambios” esta vez en la política.

(*) Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, ex Secretaria General del Partido Socialista